El Poder Ejecutivo presentará al Congreso Nacional un proyecto de modificación del Estatuto Agrario para reducir del 10 al 3% la exigencia de pago mínimo por tierras agrícolas públicas de pequeñas dimensiones en la Región Oriental del país, para proceder a la entrega de títulos.
Según la agencia oficial de noticias, IP Paraguay, el pedido tiene por objetivo favorecer a la mayor cantidad posible de pequeños productores que con el pago mínimo por sus parcelas ya pueden formalizar la posesión de sus respectivas tierras, teniendo en cuenta el factor social que conlleva la distribución de las tierras del Estado a los compatriotas de los sectores más vulnerables del campo.
De aprobarse la ley planteada por el Ejecutivo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) podrá proceder a la entrega de miles de títulos a los compatriotas campesinos, en una iniciativa inédita en toda la historia de la reforma agraria en el Paraguay.
Este proceso apuntalado por el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), con casi tres años de desarrollo, se encuentra hoy en etapa de consolidación para la adopción de políticas públicas de desarrollo rural, que se inician con la adjudicación y posterior titulación de las propiedades y concluyen con la inserción plena de las familias rurales en los procesos de desarrollo económico y social del país.
“Nosotros adjudicamos el año pasado 10.500 lotes agrícolas a pequeños productores y esperamos en 30 días alcanzar 13.000, cifra que supera la cantidad total de adjudicaciones entregadas anteriormente en una década. Hicimos un cruzamiento de los datos de esos beneficiarios con su estado de cuentas con la institución. Es así que saltó el hecho de que hay una cantidad mínima que está pagando por sus respectivos lotes el 10 % del valor de la tierra que exige actualmente el Estatuto Agrario para que ya puedan acceder a sus títulos de propiedad”, explicó el presidente del Indert, Justo Cárdenas.
Si prospera el planteamiento, a partir de este año, el Indert acelerará la formalización jurídica de las tierras públicas, y podrá llegar a corto y mediano plazo a la regularización de los lotes que se encuentran en manos de los pequeños agricultores de todo el país.
Desde el punto de vista social y económico, la modificación del Estatuto Agrario tendrá un impacto muy alto, pues compatriotas beneficiarios podrán acceder al documento dominial que les permitirá ingresar a un círculo virtuoso de la economía, pues con sus respectivos títulos de propiedad, podrán acceder a créditos para incrementar la producción, y por ende, mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa, en ningún caso debe entenderse como una cesión gratuita de las tierras, ya que por ellas el Estado abonó sumas que son trasladadas al sujeto agrario, conforme se describen en los títulos emitidos, con pagos efectuados y el saldo remanente ante el Indert, aclara la institución.