La Junta Única de Resolución europea (JUR) ha ordenado que se liquiden las entidades Banca Popolare de Vincenza y Veneto Banca conforme a las normas italianas después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya declarado que ambas son inviables o están en camino de serlo por falta de capital, informó la prensa europea.
La Junta Única de Resolución europea (JUR) ha ordenado que se liquiden las entidades Banca Popolare de Vincenza y Veneto Banca conforme a las normas italianas después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya declarado que ambas son inviables o están en camino de serlo por falta de capital.
«El 23 de junio, el Banco Central Europeo determinó que Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza eran inviables o tenían probabilidad de serlo dado que los dos bancos han incumplido repetidamente los requisitos de capital regulatorio», dijo en un comunicado el BCE, que se encarga de la supervisión de las entidades europeas.
La institución financiera de Fráncfort afirmó que dio a ambos bancos tiempo para presentar planes de capital pero estos fueron incapaces de ofrecer «soluciones creíbles» de cara al futuro.
El BCE informó después de la situación a la JUR, que concluyó que las entidades no cumplían con las condiciones para ponerlas en resolución bajo el marco europeo, y determinó que éstas deberán liquidarse siguiendo las normas italianas.
En concreto, la JUR ha considerado que no se cumple la condición de que la resolución europea de estos bancos sea necesaria para salvaguardar el «interés público».
«Ninguno de estos bancos proporciona funciones críticas, y no se espera que su quiebra tenga un impacto adverso importante sobre la estabilidad financiera», afirmó en un comunicado el organismo presidido por Elke Köning.
Asunto de Italia
En consecuencia, la liquidación de las entidades deberá producirse bajo los procedimientos de insolvencia italianos habituales.
De acuerdo con la Directiva europea de Reestructuración y Resolución Bancaria, para que una entidad pueda ser salvada con procedimientos europeos deben darse tres condiciones: que sea inviable o esté en vías de serlo, que no existan alternativas privadas o acciones de supervisión que permitan evitar la quiebra y que la resolución sea necesaria para salvaguardar el interés público, condición esta última que no se da en el caso de las italianas.
El caso es, por tanto, diferente del de Banco Popular español, que fue puesto bajo resolución por orden europea y vendido finalmente al banco Santander puesto que cumplía con las tres condiciones.
La decisión de dejar en manos de Italia el futuro de las entidades permite al país evitar las estrictas normas de resolución europea, que exigen aplicar quitas a accionistas y acreedores como se vio en el Popular, y abre la puerta para que Roma pueda inyectar dinero público en las entidades.
La Comisión Europea y el Gobierno italiano mantienen ya discusiones sobre las propuestas remitidas por Roma para conceder ayudas públicas y el Ejecutivo comunitario asegura que «se están haciendo buenos progresos para encontrar una solución muy pronto».
Las reglas europeas permiten dar ayudas de Estado para salvar a bancos que no necesiten resolución si se cumplen una serie de requisitos y, aunque prevén que se aplique un «reparto de la carga» que obliga a accionistas y tenedores de deuda subordinada a asumir parte de las pérdidas, este es menos estricto que el «rescate interno» previsto en las resoluciones.
«Tenedores de deuda sénior y depositantes no tienen que contribuir», recuerda la Comisión Europea, que insiste en que «estos últimos están totalmente protegidos en línea con las reglas de la UE», que fijan que los depósitos por debajo de 100.000 euros deben estar garantizados en cualquier circunstancia.
La de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, cuyas dificultades se conocían desde hace tiempo, es la segunda decisión sobre el futuro de la banca europea que toman la JUR y el BCE desde que empezaron a funcionar los mecanismos de la Unión Bancaria puestos en marcha tras la crisis, cuyo objetivo es gestionar a nivel europeo las posibles quiebras de entidades sistémicas y evitar los rescates pagados por el contribuyente.