El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) esta mañana promovieron una acción judicial ante el Tribunal de Cuentas contra el dictamen de la Contraloría General de la República sobre el proceso de licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por vía de la Ley 5102 de Alianza Público Privada (APP).
La acción judicial es a los efectos de que el Tribunal de Cuentas determine el alcance de la competencia que tiene la Contraloría para emitir el dictamen que traba la modernización del aeropuerto internacional, que se encuentra entre los más obsoletos de la región y el mundo.
Ambas instituciones consideran que hubo una clara extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias que están delimitadas en la Constitución Nacional y su Ley Orgánica N° 276/94.
El MOPC y la DINAC ratifican la regularidad y la transparencia con que se llevó adelante el proceso de licitación por parte de ambas instituciones, la Secretaría Técnica de Planificación (STP), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Procuraduría General de la República.
La acción se funda exclusivamente en la violación al principio de legalidad en que incurrió la Contraloría General de la República al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería.
El margen de actuación de la Contraloría General debe enmarcarse estrictamente en “las actividades económicas y financieras del Estado”.
Luego de un análisis legal se ha concluido que existen fundamentos legales para sostener que las actuaciones de la Contraloría y los actos administrativos emitidos son nulos, por cuanto que, en materia del ejercicio de las funciones administrativas, las instituciones públicas carecen de atribuciones que la Ley no les otorga.
Con los dictámenes emitidos por la CGR en contra de las disposiciones legales que rigen sus funciones y atribuciones, se ha provocado una lesión a la seguridad jurídica de una herramienta de desarrollo como la Ley de Asociación Público Privada (APP), desplazándose a instituciones con atribuciones legales y competencias técnicas específicas para definir las cuestiones inherentes a cada proyecto de infraestructura.
Por otro lado, el proceso de licitación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sigue en instancias de la Comisión de Evaluación de Ofertas. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona informará a esa Comisión de la acción judicial presentada esta mañana, para su consideración y la decisión que tome en consecuencia.