Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que este logro sin precedentes se sustenta en los sólidos fundamentos económicos del país y en su larga historia de estabilidad macroeconómica. Además, es el resultado de más de 20 años de políticas públicas responsables, consistentes y predecibles. La gestión prudente de las políticas macroeconómicas permitió obtener y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, como también mantener una inflación baja y estable, incluso en tiempos desafiantes.
Asimismo, Paraguay logró fortalecer su posición externa con adecuados niveles de reservas internacionales, que actúan como un amortiguador contra posibles choques externos. Los indicadores también reflejan un sistema financiero estable y solvente.
Este notable progreso se manifiesta en una reducción significativa de la prima de riesgo y una mejora continua de la calificación crediticia del país desde 2008, el cual se une hoy a un selecto grupo de países de la región, junto a Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
La calificadora menciona en su comunicado de prensa que la suba de la calificación se basa en una combinación de factores observados a lo largo de varios gobiernos. Entre los ellos, destacan un crecimiento económico robusto, una mayor resiliencia y diversificación económica, y la implementación de una agenda de reformas que logró mejorar la fortaleza institucional y la gobernanza.
Además, resaltan que la estrategia de la inversión pública en infraestructura se encuentra implementada, preservándose así la fortaleza fiscal con una diversificación de las fuentes de financiamiento. También, indica el comunicado, que el desarrollo de la infraestructura contribuirá a mantener un sólido flujo de inversión en sectores no tradicionales como la maquila, reforestación, energía limpia y renovable. Finalmente, se resalta que estas inversiones seguirán contribuyendo al proceso de diversificación de la economía.
La obtención del grado de inversión refleja la fortaleza económica y financiera del país, así como su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Esta calificación implica una reducción del riesgo crediticio, lo que facilita una disminución en el costo de financiamiento soberano. Además, permite la expansión de la base de inversores y la posibilidad de reducir también el costo de financiamiento para las empresas.
|
