El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha anunciado hoy que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acogerse a la ley de quiebras para dar solución a una deuda de 73.000 millones de dólares.
La reestructuración de esta deuda será compleja, sobre todo por su tamaño. Cuando Detroit se declaró en quiebra en 2013 debía 18.000 millones, mientras que Puerto Rico adeuda unos 73.000 millones de dólares a sus acreedores.
Esta petición se ampara en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una vez agotada sin éxito la negociación entre el Gobierno de Puerto Rico y sus deudores.
El título III paraliza todas las demandas judiciales, y tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
Asegurar los servicios esenciales
En conferencia de prensa, el gobernador, quien trasladó su notificación a la JSF ayer, indicó que la petición quiere asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía o el pago de las nóminas a los empleados públicos.
A su vez, explicó que tras «amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley PROMESA permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico».
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico, dejó de tener efecto ayer.
«Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño», agregó.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración intenta cumplir con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017.
Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
Fuente: El Economista