Los presidentes de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la República del Paraguay, Santiago Peña; de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; la Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, Estados Partes del MERCOSUR, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y las Altas Autoridades de los Estados Asociados, reunidos en Asunción, en ocasión de la LXIV Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR y Estados, cierran fila en la lucha contra el crimen organizado.

En un comunicado divulgado al final del encuentro, los mandatarios del bloque regional reconocen que el creciente desarrollo del crimen organizado transnacional resulta una amenaza, con consecuencias no solo para la seguridad de los países de la región, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz regional.

Se muestran conscientes que la actividad de organizaciones criminales en centros penitenciarios, repercute en la ciudadanía y constituye un desafío para la seguridad que merece contar con herramientas acordes a esta problemática.

Además, manifiestan la urgencia de aunar esfuerzos con miras a la integración de políticas regionales afines en materia de seguridad, que hacen a la identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, prevención y combate a las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional, como tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción y delitos económicos, financieros y terrorismo, entre otros.

Subrayan el desafío representado por los delitos que afectan el medioambiente, en particular el tráfico ilícito de flora y fauna, de maderas, desechos peligrosos, de metales y minerales preciosos, y la deforestación, así como sus conexiones con otras modalidades criminales. Frente a tal desafío, reconocen la necesidad de reforzar la cooperación internacional y los marcos normativos globales sobre la materia.

Por otro lado, coinciden en que el crimen organizado transnacional constituye un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados Partes y Estados Asociados. Para ello se deben acordar e implementar acciones concretas en materia de seguridad regional; orientadas a desarticular, desalentar y con ello disminuir ostensiblemente la delincuencia, los daños a la vida y la inseguridad de los ciudadanos.

Finalmente, destacan la necesidad de intercambiar informaciones y experiencias de manera segura y oportuna, tendientes a desarrollar a nivel regional, investigaciones, estudios y diagnósticos operacionales y estratégicos sobre la situación del crimen organizado transnacional, las amenazas que ello genera y el impacto negativo de estas en las distintas áreas de desarrollo, así como en la seguridad y la convivencia ciudadana.